El presidente, Mauricio Macri, derogó ayer el decreto firmado por la ex mandataria Cristina Fernández que disponía el cese de la retención del 15 % de los fondos coparticipables que efectuaba el Estado sobre las provincias.

La medida fue resuelta a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, que establece que en caso de que no se extinguiera el decreto, “el Presupuesto del año 2016 de la seguridad social se encontraría seriamente comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento”.

El DNU 2.635 establecía el cese a la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a las provincias, haciendo extensiva el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había declarado “inconstitucional” esa retención para las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Tras la medida judicial, varios distritos, entre ellos Tucumán, habían requerido a la Justicia que equiparara la situación.

Manzur pide equidad
“No es posible que haya tres provincias con coparticipación plena (por Santa Fe, Córdoba y San Luis) y las otras, con un 15% menos; esta es la asimetría a saldar”. El gobernador, Juan Manzur, se mostró preocupado por la decisión del macrismo.

“Vemos (la medida) con preocupación, por eso habrá que buscarle una salida política”, aseguró Manzur a LA GACETA en una charla telefónica desde Buenos Aires. Indicó que sobre este tema había conversado el martes con el ministro de Hacienda nacional, Alfonso Prat Gay, porque esos fondos eran importantes para Tucumán.

Vía legal
¿Qué pasará con las presentaciones judiciales que había efectuado la Provincia? El fiscal de Estado, Daniel Leiva, recordó que habían tomado dos medidas. La primera, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de diciembre y solicita la inconstitucionalidad del artículo 59 de la ley 26.078 y del decreto 1.399/01 que implicaba una detracción del 1,9% de toda la masa coparticipable. La segunda, se realizó el 28 de diciembre ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland, que fue la que dictó una medida cautelar interina que ordenó al Gobierno que suspenda el DNU. El documento, lleva la firma de más de una docena de fiscales de estado provinciales, es un recurso de reposición para que la jueza se declare incompetente y remita al máximo tribunal las actuaciones a los fines de que éste, oportunamente, deje sin efecto el amparo.

Leiva explicó ayer que, como ingresaron poco antes de la feria judicial, las causas no avanzaron aún. El letrado advirtió que el DNU dictado por Macri debe pasar por el Congreso. “Se producirá una cuestión atípica: el Poder Legislativo nacional se deberá expedir también sobre el decreto que se está dejando sin efecto”, subrayó. Afirmó que, si bien no hay que anticiparse, en el caso de que los parlamentarios le den el visto bueno a Macri, la presentación en el juzgado de Heiland devendría en abstracto.

En cambio, proseguiría el que se encuentra en la Corte.

El abecé del conflicto
El 24 de noviembre, a raíz de presentaciones judiciales de San Luis, Santa Fe y Córdoba, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la norma que dispuso la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a los distritos provinciales. Luego, a días de terminar el mandato, el kirchnerismo determinó extender la devolución a todas las provincias.

A principios de diciembre, Heiland dictó una medida cautelar interina que ordenó al gobierno de Fernández que suspenda la aplicación del DNU que beneficiaba las arcas provinciales.

La coparticipación es el mecanismo administrativo y legal mediante el que la Nación y las provincias se reparten los ingresos de la recaudación de impuestos. Según la ley original, la mayor parte del monto total recaudado debía distribuirse el 42,34% en forma automática a la Nación y el 54,66% de igual manera entre todos los distritos.